CAMBIO CLIMÁTICO Y EL
SEGURO AGRÍCOLA
Una política que proteja al productor y la agroindustria, la
más importante y eficiente del país, debería diseñarse a través de dos
instrumentos principales que ya se usan en todo el mundo.
Por Arturo Navarro
- El calentamiento global es la elevación de las
temperaturas debido a las emisiones de gases de efectos invernadero. Aumentos
de lluvias en centro y norte del país, incremento de la duración y frecuencia
de sequías en el centro y norte del país, incremento de la duración y
frecuencia de sequías en el Oeste y el Sur, multiplicación de eventos
climáticos extremos e incrementos en las enfermedades de los cultivos de
granos.
Estos son algunos de los efectos que ya se están haciendo
sentir en la Argentina y que podrían repetirse con intensidad creciente en los
próximos años o décadas, según el nuevo informe del Panel Intergubernamental de
Cambio Climático que se presentó a principio de abril en Yokohama, Japón, según
lo relata Nora Bar en un matutino porteño.
Estos eventos vienen provocando incrementos de costos y
grandes pérdidas en diferentes sectores. En especial, el sector agrario, el
cual desempeña un papel fundamental en la economía del país.
Por el cambio climático según el nuevo informe, habrá más
inundaciones y sequías por lo cual es urgente implementar políticas de estado
para cubrir los riesgos climáticos para todas las actividades agropecuarias y
agroindustriales.
La idea central de esta iniciativa que vengo difundiendo y
que no practicamos, es que los productores tengan una cobertura integral por
diferentes riesgos agropecuarios como poseen los países que planifican y
diagraman pensando en el largo plazo.
No le sirve al productor tener un Estado y una dirigencia
que sigue actuando como bombero ante cada evento climático.
Una política que proteja al productor y la agroindustria, la
más importante y eficiente del país, debería diseñarse a través de dos
instrumentos principales que ya se usan en todo el mundo.
No hay que inventar el agujero al mate.
1. Política para incentivar el mayor uso de los seguros
agropecuarios por medio de subsidio a la prima, para poder aumentar la
cobertura del área sembrada al bajar el costo de la prima del seguro. De esa
manera se iría cambiando la vocación aseguradora de los productores y
proveedores de insumos, que son los directos damnificados. Dicho aumento se
daría en las zonas extra pampeanas más pobres y en los productores más chicos.
2. Política para crear y administrar un Fondo Nacional
Permanente por ley para atender todos los daños de los bienes no asegurables,
fondo que atendería exclusivamente a los productores
que tengan asegurados sus bienes asegurables.
La idea es que deben tener premio quienes tienen vocación
aseguradora, para ir generalizando un sistema público-privado que debe ser
solidario, pero no obligatorio para que existan competencias entre las empresas
aseguradoras.
Los países con producciones agrícolas importantes,
desarrollados y no desarrollados, aplican este tipo de políticas activas.
En EEUU ya tienen coberturas que aseguran los ingresos
proyectados del productor. Esto lo pudieron hacer porque hace años vienen
trabajando por medio de una acción pública-privada en políticas que atienden
los riesgos agrícolas.
La nueva ley agrícola sancionada recientemente eliminó todo
otros incentivo al sector agropecuario y dispuso exclusivamente mayores
subsidios a la prima de los diferentes seguros que tienen por estados, zonas
productivas y por productores.
Mucho tuvo que ver en la decisión de los legisladores los
buenos resultados en las últimas sequías que tuvieron los productores con
seguro agrícola.
En España se viene aplicando estas política desde el año
1978 por el Pacto de la Moncloa y después de haber recorrido tantos años tienen
un sistema consolidado, que cubre con subsidio en promedio el 50% de la prima
al productor independiente y el 80% para los grupos de productores.
Mientras que en China también han implementados políticas
activas con la prima del seguro haciéndose cargo de un porcentaje cada parte:
Un 33% lo paga el estado nacional; otro 33%, las provincias y el 33% restante
el productor. Según la información el productor tiene un subsidio del 66%.
El Brasil todos los años va asignando un mayor presupuesto
para el subsidio de prima que van del 40% al 60% según los productores, con la
limitación por productor de 51 mil reales.
La estrategia es cubrir la mayor cantidad de pequeños y
medianos productores que son a quienes hay que atender para evitar que salgan
del sistema por algún evento climático. Es un sistema relativamente nuevo pero
muy interesante conocerlo porque permiten actuar a todos los operadores y
demandantes.
Un país como Argentina que siembra más de 32 millones de
hectáreas y que produce 100 millones de toneladas de granos manifiesta las
siguientes contradicciones: (a) que los bancos oficiales sigan dando créditos
sin seguro, (b) que se siga vendiendo insumos sin asegurar su cobranza con
dicho instrumento y (c) que muchos productores inviertan sin tomar previsión
alguna considerando que es una explotación a cielo abierto.
Después, todos reclaman por los 500 millones de pesos del
fondo de la obsoleta ley de emergencia agropecuaria, que no alcanza para
atender al menor de los eventos que se viene produciendo con los cambios
climáticos.
Por lo tanto, la dirigencia agropecuaria tiene la
responsabilidad de poner urgentemente este tema como una de las políticas de
estado para el agro en la agenda nacional.
No es por casualidad que los partidos políticos no le den
prioridad a este tema en sus propuestas, si las entidades no lo proponen. Las
consecuencias de los cambios climáticos están con nosotros, por lo cual hay que
actuar en consecuencia sobre cómo atenuarlos en el sector agropecuario que
invierte todo su capital a la intemperie.
Fuente: AÑOS DE CAMPO TOMADO DE ENVIO DE PREGON AGROPECUARIO
DE AR
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