En las regiones
aumenta la intimidación de las bacrim
En las últimas semanas se han presentado desplazamientos en
Chocó. FOTO DONALDO ZULUAGA
En Chocó y el Nordeste antioqueño temen por la entrada a
sus territorios de grupos armados, los cuales asocian con paramilitares, muchos
de ellos ubicados en zonas que antes eran de las Farc.
Si hay algo a lo que le temen los habitantes de Bojayá, en
Chocó, es que en su tierra vuelva a ocurrir lo que pasó en 2002, cuando 79 de
los suyos murieron en medio de un enfrentamiento entre la guerrilla y los
paramilitares, pero lo que se está cocinando en sus alrededores con la
presencia de las bandas criminales, les recuerda con frecuencia aquella época
funesta.
Leiner Palacios, representante de las víctimas de
Bojayá, relata que “hay toda una avanzada del paramilitarismo en todas las
comunidades del Baudó y el Atrato, por esta razón, la comunidad está muy
afectada, tienen mucho miedo y se espera la respuesta pronta del Gobierno”.
Y no es que sean solo rumores entre los pobladores, varias
comunidades indígenas y afrodescendientes se han desplazado durante las tres
últimas semanas en Pie de Pató, Alto Baudó; y en Riosucio, Chocó, por los
enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas, a los que el Gobierno llama
‘el Clan del Golfo’, y el Eln.
Secuestros en Bajo Baudó
La Defensoría del Pueblo denunció el secuestro del cinco
indígenas en el Bajo Baudó, entre ellos tres menores de edad, ocurrido el
pasado 8 de abril. Ayer fueron dejados en libertad dos de ellos.
“Estas personas hacen parte de una familia de la comunidad
indígena de Cocalito, fueron retenidos mientras cazaban cerca de la comunidad,
por fortuna fueron dejados en libertad, pero con la condición de presentarse
ante ese grupo armado dentro de tres días, eso nos tiene preocupados pues no
sabemos de las intenciones de esa gente”, afirmó Luis Murillo,
defensor del pueblo en Chocó.
A pesar de esto, las autoridades y la Defensoría del Pueblo
siguen sin pistas sobre el paradero de dos niñas menores de 15 años y un
adulto, quienes habitan en la comunidad indígena de Bellaluz y que también
fueron secuestradas por el mismo grupo armado ilegal.
“Sobre las menores y el adulto no tenemos información, solo
sabemos que las Autodefensas Gaitanistas (Urabeños o Clan del Golfo) ingresaron
al resguardo y se llevaron a estas tres personas, no sabemos con qué fin, pero
para nosotros es un secuestro”, afirmó el defensor.
Actualmente, los mecanismos de búsqueda de las autoridades
en Chocó están activados para ubicar a las personas secuestradas. La Defensoría
del Pueblo expresó su preocupación, porque aseguran que en esa zona del norte
de Chocó se incrementó la presencia de grupos armados ilegales, “por lo que el
riesgo de explosivos, confinamiento o desplazamiento es cada vez más latente”.
La extorsión en el Nordeste
La Corporación de Acción Humanitaria para la Convivencia y
la Paz del Nordeste Antioqueño, Cahucopana, denunció la presencia de ocho
hombres vestidos de negro y con armas largas en la comunidad El Rastrojito,
cerca al Resguardo Indígena Tagual – La Pó y a la Vereda Las Guaguas, en
Segovia, quienes informaron “a los finqueros la obligación de pagar
determinadas sumas de dinero en consideración a las tierras de su propiedad”.
Lucía del Socorro Carvajal, alcaldesa de
Remedios, le dijo a EL COLOMBIANO que en la región la extorsión se volvió pan
de cada día. “Aquí tenemos presencia de las Autodefensas Gaitanistas que cobran
vacuna a los finqueros, a los comerciantes, a los transportadores, ya no falta
sino que cobren en las casas. Ellos están cobrando una cuota por cabeza de
ganado, 12.000 pesos”. Carvajal reconoció que el Eln hace presencia en la zona,
por lo que no sabría identificar el responsable de la incursión en el
territorio.
RADIOGRAFÍALA RESPUESTA DE LA FUERZA PÚBLICA
Con cada uno de los desplazamientos en Chocó la Fuerza
Pública, especialmente el Ejército, la Operación Agamenón (de la Policía) y la
Armada Nacional, han hecho presencia en los lugares más afectados, sin embargo,
los pobladores insisten en que no se sienten suficientemente protegidos.
Durante dos días EL COLOMBIANO buscó respuesta del Ejército Nacional pero no la
obtuvo. Para el caso de Antioquia, la Policía departamental tuvo noticias a
través de las denuncias de Cahucopana, no obstante, hasta la tarde ayer
trataban de confirmar la situación. “Si no hay una denuncia formal que brinde
información muy detallada es difícil que podamos actuar oportunamente”, informó
la
Periodista. Magíster
en Comunicación de la Defensa y los Conflictos Armados de la Universidad
Complutense de Madrid
Soy periodista
egresada de la Universidad de Antioquia. Mi primera entrevista se la hice a mi
padre y, desde entonces, no he parado de preguntar.
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