La angustiante espera de la tierra prometida
El Gobierno activa un
proyecto para urbanizar villas y hacer propietarios a vecinos, pero por ahora
reina la incertidumbre En el país hay 4228 barrios populares en los que viven
miles de familias sin títulos de propiedad ni acceso a servicios básicos; la
desconfianza guía a los habitantes, aunque an
El Gobierno activa un proyecto para urbanizar villas y hacer
propietarios a vecinos, pero por ahora reina la incertidumbre En el país hay
4228 barrios populares en los que viven miles de familias sin títulos de
propiedad ni acceso a servicios básicos; la desconfianza guía a los habitantes,
aunque an
Fuente: LA NACION - Crédito: Emiliano Lasalvia
María da Rosa es una mujer de pocas palabras, pero mucho de
lo que calla se revela a través de sus gestos. El suspiro largo seguido de un
rato de silencio y su mirada perdida entre las casillas del barrio Danubio, en
Dock Sud, busca las explicaciones que nunca nadie le dio por las promesas
incumplidas, por los discursos proselitistas disfrazados de premonición de una
vida mejor que
nunca llegó.
Sosteniéndolo fuerte como si se fuera a escapar, María
muestra el certificado de vivienda que le acaban de entregar. Por primera vez
tiene un documento que constata que ella vive ahí, que la vivienda de ladrillo
y chapa que pudo levantar con ayuda de los más grandes de sus ocho hijos
existe. Que ahora puede reclamar, colectivamente junto con sus vecinos, que de
una vez por todas hagan llegar la red eléctrica y de gas al barrio o que se
avance con las obras cloacales para que se dejen de usar los pozos ciegos, que
cada vez que llueve los hacen "caminar en la mierda", como dice
Miguel Ángel Medina, su vecino, que es albañil.
Cuando un incendio le tiró abajo la casa donde vivía en el
barrio Manuel Estévez, hace 15 años,
María se mudó a Dock Sud. Con la
indemnización que le dieron cuando la echaron de su trabajo por haberse
ausentado varias semanas para recoger las esquirlas de su vida desmoronada, se
hizo un lugar en el barrio, donde hoy viven unas 380 personas. En todo este
tiempo, dice, le llovieron promesas de ayuda, ya sea económica o de
infraestructura que le mejoraría la calidad de vida. Por eso, para ella y sus
vecinos, el plan del Gobierno para expropiar las tierras de los barrios
populares, hacer propietarios a los vecinos y avanzar con la urbanización es
solo una promesa más.
La situación en el
barrio Danubio Azul de Dock Sud La situación en el barrio Danubio Azul de Dock
Sud Fuente: LA NACION - Crédito: Emiliano Lasalvia
"Espero que esta vez sí haya un cambio. Más que nada
por los más chicos. ¿Si confío ahora? Nunca hay que perder la esperanza",
dice la vecina, que hoy subsiste con las ventas de un quiosco improvisado
dentro de su casa, cuyo techo cede un poco más con cada lluvia.
La informalidad del trabajo actual de María le genera dudas
sobre lo que pasará si el proyecto del Gobierno avanza. Como ella, la gran
mayoría de los vecinos de los barrios recorridos por LA NACION apoyan la
iniciativa, que tiene como objetivo final la urbanización de asentamientos que
albergan a 3,5 millones de personas, pero también manifiestan serias dudas
sobre cómo se aplicarán los cambios y exigen que una voz oficial les dé
respuestas.
La formalización de los 4228 barrios de todo el país que
figuran en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y que están
contemplados en el proyecto tiene un costo, no solo para el Estado, que estará
a cargo de la urbanización, sino también para la gente, que deberá pagar por
esos terrenos y acoplarse al régimen de tarifas de servicios públicos.
Danubio es uno de los
asentamientos en Dock Sud en los que se hizo el relevamiento Danubio es uno de
los asentamientos en Dock Sud en los que se hizo el relevamiento Fuente: LA
NACION - Crédito:
Emiliano Lasalvia
"Si no tienen plata para pagar todo eso, ¿qué? ¿Los van
a sacar?". Elba Carrizo vive desde hace 63 años en el barrio Güemes, de la
villa 31 o "Barrio 31", en Retiro. Tiene siete hijos y durante
décadas construyó una casa de dos pisos. "Es mi obligación dejarles un
techo", dice. Su duda sobre lo que pueda pasar con quienes no tengan plata
para pagar por el terreno -por más que el proyecto prevé que el pago sea
accesible- o los servicios es compartida por las vecinas que se sentaron con
ella a la mesa en la casa de Nilda Bobadilia, oriunda de Paraguay, que también
tiene dos pisos.
Todas, las siete, asintieron cuando se planteó lo que podría
ser un problema a futuro. "Yo creo que van a tener que contemplar a la
gente que no pueda pagar. Van a tener que darle algo", le responde Amanda
Valenzuela, que llegó desde Bolivia.
El interrogante todavía no tiene respuesta. No está definido
cuánto habrá que pagar por las tierras, si la cifra dependerá del tamaño del
terreno y los pisos construidos o si habrá un mecanismo especial para quienes
alquilen cuartos. Todo deberá debatirse en el Congreso, donde el proyecto ya
ingresó y el miércoles próximo asistirá a explicar sus alcances la ministra de
Desarrollo Social, Carolina Stanley.
Los vecinos repiten que la iniciativa les facilitará un
mayor acoplamiento al tejido urbano y dejar atrás la "discriminación"
de la sociedad. Nilda hace memoria para relatar una anécdota que para ella
resume ese aislamiento al que son sometidos "los villeros". Uno de
los trabajos que consiguió cuando llegó de Paraguay, hace 35 años, fue de
empleada doméstica. Por un tiempo trabajó en un departamento sobre Avenida del
Libertador que tenía una vista amplia sobre la calle, la estación de Retiro y,
más atrás, su barrio. El paisaje la cautivaba y todavía no se lo olvida, como
tampoco se olvida el intercambio que tuvo con su empleadora.
-Qué lindo sería vivir acá, con esta vista -le comentó.
-¿Sí? A mí me gustaría vivir donde vivís vos -le respondió
la empleadora.
-¿Por qué? -se asombró.
-Porque no pagás la luz ni el agua.
Las delegadas en una
recorrida por la manzana 6 Las delegadas en una recorrida por la manzana 6
Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio
Nilda apoya su mano sobre el pecho, cierra los ojos y dice
que esa conversación le quedó grabada como si fuera una película. A su
izquierda, María Alejandra Álvarez deja de revisar el celular, levanta las
cejas y revolea los ojos. "Es injusto que todos paguen impuestos y
nosotros nada. Nosotros queremos pagar la luz y el agua", dice, y sus
vecinas las interrumpen hablando al mismo tiempo en un murmullo donde se repite
la palabra "prejuicio".
Enseguida, y sorprendiendo con un giro en la conversación
como si no pudieran controlarlo, las vecinas reclaman casi al unísono que los
beneficios de la iniciativa -que se aplicarán en todos los distritos pero con
mayor énfasis en el área metropolitana por la densidad de barrios humildes-
lleguen primero a los "históricos" de cada asentamiento, vecinos
conocidos por todos y tratados con cierto cariño y veneración por haber sido
los que luchan desde el primer día, como Alberto Liendro, el salteño que llegó al
asentamiento de Retiro en 1940, cuando tenía 18 años y hacía el servicio
militar. "De acá no me saca nadie", suele decir casi sin gesticular
debajo de una gorra azul gastada que le deja el rostro entre sombras.
La situación en el
barrio Danubio Azul de Dock Sud La situación en el barrio Danubio Azul de Dock
Sud Fuente: LA NACION - Crédito: Emiliano Lasalvia
Nilda retoma la palabra para agregar que también debió
lidiar con la discriminación cuando buscó trabajo o un jardín para anotar a sus
tres hijos paraguayos y tres argentinos. Vivir en la villa y no tener una
dirección clara complica lo que debería ser sencillo.
Uno de los primeros efectos que tendrá el proyecto, si se
aprueba, será reducir esa suerte de invisibilidad de las viviendas.
"Esto es la nada misma, como si no existiéramos",
dice Judith Aragón, que coordina un comedor comunitario de Villa Inflamable, en
Avellaneda, y que está esperanzada por las promesas de urbanización que
conlleva el proyecto, de cuya elaboración participaron activamente los
movimientos sociales. Judith agrega: "Acá no entran las ambulancias ni los
colectivos. Cuando llamás a la policía solo viene cuando ya pasó lo que
queríamos evitar. Sabemos que todo esto es un proceso largo, pero tiene que
empezar. De palabras ya estamos cansados".
Las calles de tierra del barrio Danubio, cerca de
Inflamable, deben transitarse a los saltos después de varios días de lluvia. El
barro cambia el color de los pantalones de los vecinos y empapa las pancitas de
los perros sin dueño.
Daniel Menéndez, coordinador general de Barrios de Pie, una
de las agrupaciones que trabajan en la iniciativa de cerca con Stanley, toma
mate en un comedor que en una de las paredes exhibe una bandera celeste, el
color característico de la organización. En la cocina, la pantalla de una
pequeña televisión añeja dice que el dólar no detiene su escalada.
Menéndez explica que a medida que avance el tratamiento del
proyecto se creará una mesa nacional de barrios populares que se encargue de
velar por la aplicación de la ley. "No se va a cumplir si la gente no se
mueve", dice, al tiempo que destaca que ve "voluntad" en el
Gobierno para avanzar.
Nilda Bobadilla,
delegada barrial, en la puerta de su casa Nilda Bobadilla, delegada barrial, en
la puerta de su casa Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio
Pese a la crisis cambiaria y la modificación en el
cronograma de la obra pública para profundizar la reducción del déficit, en el
Gobierno aseguraron a LA NACION que el proyecto sigue en pie.
"No es que el Gobierno es buenito. Nosotros venimos
preparando esto desde hace años en función de nuestras necesidades",
interrumpe Norma Morales, principal referente del barrio.
Verborrágica y de voz firme, la vecina remarca varias veces
que el plan que presentó el oficialismo tiene en las organizaciones sociales un
pilar fundamental. Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la
Economía Popular (CTEP), Techo y Cáritas participaron de los trabajos para
registrar los barrios de todo el país. Todavía están censando a la gente que no
se pudo identificar en el año y medio que duró el proceso, que se activó en
2016.
A metros del comedor, a la salida del barrio Danubio,
representantes del Renabap entregan los "certificados de vivienda
familiar" con el sello de la Jefatura de Gabinete de la Nación, la Anses y
de la Administración de Bienes del Estado (AABE).
A Rosa Franco, que hace 40 años que vive allí, le entregaron
el certificado esa mañana. Apenas se lo dieron se fue a su vivienda, una
pequeña habitación que compartió con sus once hijos, que ya no viven con ella.
"Todos los gobiernos vinieron y prometieron, pero no pasó nada. Dicen que
estemos 'juntos', pero no hacen nada. En las elecciones no los voy a votar si
no cumplen", señala.
Maria Alejandra
Martínez, en la puerta de su casa con la foto de su padre Maria Alejandra
Martínez, en la puerta de su casa con la foto de su padre Fuente: LA NACION -
Crédito: Fernando Massobrio
Aunque afirma no entender sobre vericuetos financieros, la
crisis cambiaria la asusta. "¿Y si con todo esto dejan todo como está?",
pregunta.
Rosa hace un gesto de desdén con la mano para alejar el
pesimismo y mira con una sonrisa el certificado, que plastificó. Nerviosa, posa
para la foto con el documento al revés. Inmediatamente lo corrige, respira
profundo y mira a la cámara, esperando que ese suspiro, como el de su vecina
María, no se convierta en una nueva desilusión.
Las claves de un
proyecto ambicioso
De aprobarse en el Congreso, la iniciativa tendrá un alcance
nacional
4228 Barrios populares
En 2016 comenzó un proceso de identificación de aquellos
asentamientos donde viven más de ocho familias sin título de propiedad y sin
acceso a dos o más servicios públicos o básicos
3,5 millones de personas
Según el registro, hay en todo el país al menos 3,5 millones
de personas viviendo en esas condiciones en barrios que, juntos, ocuparían la
superficie de dos ciudades de Buenos Aires
93,8% no tienen red cloacal
Según el relevamiento, el 98,4% de los vecinos no tienen
acceso a la red de gas, el 93,8% no tienen agua, el 70,6% viven sin luz y solo
el 30,8% tienen calefacción con energía eléctrica
Por: Alan Soria Guadalupe / TOMADO DE LA NACION DE AR
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